Uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos
como país es prevenir, y abatir, la crisis alimentaria que nos arropará en los
próximos años, de no asumir nuestra responsabilidad y tomar las medidas
urgentes que se requieren para evitar un caos.
La pasada semana, la Asociación de Agricultores, en
voz de su presidente Ramón González, lanzó una advertencia que no podemos pasar
por alto: “Debemos tomar conciencia de la importancia de la agricultura para
nuestro país, mucho más cuando en los próximos años se habrá de crear un estado
de emergencia en la disponibilidad de alimentos. Que nadie tenga duda que
aunque somos aliados de uno de los países que más alimento produce en el mundo,
si una emergencia como ésta pasa, para ellos la prioridad no seremos nosotros”.
Sus expresiones, recogidas del periódico El Vocero,
anotan, además, que la escasa inversión que el Gobierno de Puerto Rico hace en
la agricultura, acompañada del alza en el costo del petróleo, los problemas
climáticos y la demanda de alimentos por otros países se suman para encarecer,
como nunca antes, los alimentos que consumimos.
Añada que, como si fuera poco, este año se vislumbra
un alza en los precios de los alimentos importados que fluctuará entre ocho y
10 por ciento, lo que para el bolsillo de los ciudadanos será grave al
considerar que nosotros importamos 80 por ciento de todo lo que consumimos.
Ante la proximidad de una escasez alimentaria, países
como China han optado por comprometer, a buen precio, la producción de
alimentos en zonas cercanas para ir armando su reserva. Esa situación reducirá
directamente los abastos para la exportación y, como resultado, se afectarán
todos los países no productores, como el nuestro.
Irónicamente, la crisis nos azotará pudiendo
prevenirla. La clave, según han señalado expertos agrónomos, economistas,
ambientalistas y planificadores, está en incentivar la producción agraria,
discriminar positivamente a favor de los agricultores nacionales, detener la
conversión de tierras en cemento y proteger nuestros recursos naturales.
Hoy por hoy, en Puerto Rico se pierde una buena
cantidad de alimentos que no logran circular en el mercado porque las tarifas
que se ofrecen en las transacciones mercantiles no compensan los costos de
producción de nuestros agricultores. En su defecto, los grandes mayoristas
optan por importar alimentos pagando menos y sin medir criterios de calidad y
frescura.
Así hemos ido lacerando nuestra base de producción
alimentaria en las últimas décadas. Producción que, vale aclarar, comenzó su
deterioro desde los años 40 del siglo pasado cuando el Gobierno comenzó los
planes de desincentivación de la economía agraria para emprender impulso a un
modelo industrial que, al paso del tiempo, ha mostrado ser endeble.
Con ese panorama, la Isla se aproxima a vivir una
emergencia en la disponibilidad de alimentos que, en palabras del ambientalista
Juan Rosario, representaría, en el peor de los casos, un disloque de nuestra
estructura social en sólo meses.
Sin embargo, para el Presidente de los agricultores,
las autoridades gubernamentales podrían estructurar un plan para comenzar un
desarrollo agrícola en tierras baldías, entre las que se estiman hay más de
200,000 cuerdas inutilizadas en zonas montañosas. También, arguyen, se puede
comenzar un plan para estimular la producción avícola, ganadera y agropecuaria.
Lo más preocupante de estas previsiones es que el
Gobierno no parece sentirse persuadido por las consecuencias de una crisis
alimentaria. En vez de poner oído en tierra y examinar las posibilidades del
desarrollo agroindustrial, se empeña en la aprobación de leyes que implican la
destrucción de nuestros recursos naturales, la pérdida de nuestra capacidad
productiva agraria y un holocausto ecológico.
En un excelente artículo del planificador José Rivera
Santana, publicado la semana pasada en El Nuevo Día, se detallan las
medidas que la Administración de Luis Fortuño ha tomado en dos años para
repartir nuestras tierras entre un grupo reducido de desarrolladores sin medir
las implicaciones ambientales.
Desde la Ley de Permisos, el Plan Integral de
Desarrollo Estratégico Sostenible y la amenaza que sobre la zona del Karso
tendrá la construcción del gasoducto, entre otras, apuntan a que estamos lejos
de contar con una solución preventiva para paliar la crisis alimentaria y
ecológica que se asoma.
Sin tierras, agua y sin protección de nuestros
recursos naturales poco podremos hacer, y ésas son las áreas que menos interés
muestra el Gobierno en atender y salvaguardar.
A esto sumamos que, de cara a una crisis alimentaria y
ecológica, los puertorriqueños y puertorriqueñas debemos trabajar con urgencia
para construir un modelo de sociedad responsable, solidaria y con una nueva
ética sobre el consumo. Esto es importante porque, en la medida en que no hay
producción de alimentos, nuestra base productiva, y de consumo, se inclina al
mercado de bienes conformando una cultura consumista y de expoliación de
recursos naturales que, en nuestro caso, suele ser excesivo.
Este patrón de consumo, que incide en nuestro modo de
vida, quebranta nuestra huella ecológica, reflejándose su impacto en el medio
ambiente, la contaminación, el agotamiento de recursos naturales y la crisis de
sostenibilidad.
Estudios realizados en Puerto Rico, y divulgados por
el ambientalista Juan Rosario, indican que vamos caminando hacia el agotamiento
progresivo de nuestra capacidad física para soportar los altos niveles de
consumo que marcan nuestra cotidianidad nacional. Por eso, cuando se habla de
un aumento en nuestra huella ecológica la referencia es, según explica Rosario,
a nuestra relación con el área del territorio ecológicamente productivo que
necesitamos para producir alimentos y proteger nuestros recursos naturales
frente al por ciento de lo que consumimos y desechamos.
Mientras más consumimos, más es la cantidad de
desechos y menos la cantidad de tierra bioproductiva disponible. En nuestra
realidad, sostenida por una cultura inclinada al consumo excesivo, la no
producción de alimentos y el desecho de desperdicios, nos produce una ecuación
nada simpática.
“Nos ha tomado siglos crear este desmadre ambiental en
el que vivimos y nos va a tomar décadas arreglarlo… pero debemos comenzar ya”,
indicó Rosario en medio de un clase de Planificación Urbana impartida hace unas
semanas en el Tren Urbano como parte de la jornada de “Universidad sin Paredes”.
La gravedad del problema alimentario al que nos
enfrentaremos pronto, de no hacer nada distinto, visto desde la dimensión de
nuestra huella ecológica significa, según el experto ambientalista, que cada
puertorriqueño necesitaría cerca de 25 acres de recursos naturales para
satisfacer su práctica de consumo y absorber sus residuos, lo que equivale a
una huella ecológica de 38 por ciento más de lo estimado como necesario para su
sostenibilidad. En otras palabras, al ritmo que vamos necesitaríamos 38 países
como Puerto Rico para abastecer las necesidades inducidas de nuestra población.
Mas al examinar nuestra dimensión territorial, y el número de habitantes, vemos
que cada ciudadano sólo puede disponer de cuatro cuerdas. Como diría El Gran
Combo: “no hay cama pa’ tanta gente”.
“Tenemos que considerar nuestra vida en el contexto de
la vida de los otros y otras que aún no han nacido. Es decir, vivir para
sobrevivir sin restar la posibilidad de que otras generaciones puedan disfrutar
de los recursos necesarios para subsistir honrosamente. Eso es sostenibilidad”,
precisó Rosario.
Estamos, según este diagnóstico, ante un déficit
ecológico severo en el que por nuestras acciones hemos reducido la biocapacidad
de nuestro territorio nacional y echamos a perder nuestro futuro y el de
generaciones venideras
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