Escrito por: EZEQUIEL
ABIU LÓPEZ
Publicado en Hoy digital, 27 de septiembre de 2013
AP. Expertos dijeron que la decisión del Tribunal
Constitucional dominicano de despojar de nacionalidad a miles de hijos de
haitianos nacidos en República Dominicana podría crear una crisis humanitaria
que abre la puerta para que miles de personas sean deportados y objetos de
discriminación.
El fallo, dado a conocer el
jueves, es inapelable y le concede a la Junta Central Electoral un año de plazo
para elaborar una lista de personas nacidas después de 1929 a las que se les
quitará la nacionalidad dominicana.
La medida abarca a los
haitianos traídos al país, en su mayoría, como trabajadores agrícolas después
de 1929 y a sus descendientes pues según la constitución, promulgada en 2010, y
a una ley de migración de 2004, los hijos de inmigrantes sin autorización legal
para vivir en el país no pueden ser considerados dominicanos debido a que a sus
padres ahora se les considera extranjeros “en tránsito”.
Muchos de los afectados por
la medida “ahora son apátridas”, dijo Wade McMullen, abogado del Centro Robert
F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.
“Realmente no sabemos qué va
a pasar con esta gente. Con base a lo que el gobierno dominicano está diciendo,
estas personas no son ciudadanos dominicanos y tendrían que salir efectivamente
rumbo a Haití, donde, además, no son ciudadanos. Crea una situación muy
complicada”.
El viernes Roberto Rosario,
presidente de la Junta Central Electoral, dijo que “no se les niega el derecho
a la nacionalidad, sino que les da la oportunidad de acceder a la nacionalidad
y regularizarse mediante el plan nacional de regularización” Pero ni Rosario ni
la junta ni la dirección de Migración dieron detalles sobre cómo se adelantaría
la medida.
José Ricardo Taveras,
director de Migración, aseguró en un comunicado que una vez creado el
inventario de descendientes de inmigrantes ilegales y puesto en marcha el
eventual plan de regularización, “no debe pasar de dos años” para que los
afectados se hayan legalizado.
El plan nacional de
regularización de ilegales, previsto en la ley de 2004, aún no existe y el
director de Migración, José Ricardo Taveras, miembro de un partido nacionalista
cuyos líderes mantienen desde hace décadas un discurso sobre la supuesta
“haitianización” del país, no detalló si existe un proyecto para crearlo.
No existen cifras sobre la
cantidad exacta de personas que serían afectadas pero el viernes Joseph
Cherubin, presidente de una organización no gubernamental de defensa de
derechos de los inmigrantes, cree que pueden ser unas 300.000 personas las
afectadas, con base en una reciente encuesta que estima que 210.000 personas de
origen dominicano son de ascendencia haitiana y otros 34.000 son nacidos de
padres que tienen otra nacionalidad.
Este estudio es respaldado
por la ONU. La organización no gubernamental Centro Bonó estima que los
afectados son cientos de miles; unas cuatro generaciones de afectados.
Antes de la promulgación de
esa ley y la nueva Constitución, estas personas eran consideradas dominicanas y
sus actas de nacimiento y documentos de identidad les eran
expedidos.
Pero desde 2007, el registro
civil suspendió la expedición de cédulas y dejó de emitir las copias
certificadas de las actas de nacimiento de estas personas por considerar a sus
padres o abuelos, como extranjeros en tránsito, no podían declarar como
dominicanos a sus hijos.
Estas personas nacieron en
las décadas de los 70, 80 y 90 en el país. De acuerdo con estadísticas
oficiales, la Junta Central Electoral tiene bajo investigación unas 16.000
actas de nacimiento de las últimas décadas y se ha negado a expedir documentos
de identidad a unas 40.000 personas desde 2007.
La Iniciativa de Justicia de
la organización estadounidense Open Society “está impactada y profundamente
preocupada”, dijo Julia Harrington, funcionaria de asuntos legales para la
igualdad y ciudadanía.
“Uno siente que eso va a
llegar, que en cualquier momento me detienen (los agentes migratorios) y me
mandan a Haití”, dijo Elmo Bida Joseph, estudiante de 21 años a quien las
autoridades no le expidieron un documento de identidad y anularon una copia
certificada de su acta de nacimiento debido a que es hijo de inmigrantes
haitianos.
Cientos de dominicanos de
ascendencia haitiana también han sido deportados por carecer de documentos de
identidad, recordó Altagracia Jean, activista de la organización que preside
Cherubin y a quien la Junta Central Electoral le negó sus documentos durante
cinco años.
Las autoridades migratorias
realizan operativos permanentemente en las calles de sus ciudades y detienen y
deportan a haitianos que cruzan la frontera, sin permiso migratorio, en busca
de trabajo.
“Uno está en la calle y sólo
por el color de piel un agente le pide documentos”, dijo Jean. Tras la decisión
del tribunal “no sé qué va a pasar conmigo, si me van a volver a retener” el
acta de nacimiento.
Los agentes de inmigración
usualmente echan mano de los rasgos faciales y el color más oscuro de piel de
los haitianos para identificarlos y pedirles que muestren sus documentos
migratorios, según la organización Servicio Jesuita para Refugiados y
Migrantes.
Las fuerzas armadas también
mantienen operativos permanentes para detener el constante flujo de haitianos
que cruzan la frontera sin permiso. Desde agosto de 2012, el Ejército ha
detenido y repatriado cerca la frontera a unos 48.000 inmigrantes haitianos,
indicó el viernes el jefe de esa institución, Rubén Darío Paulino.
“Vi todos mis sueños rotos”,
se lamentó Bida Joseph, quien por falta de esos documentos no pudo inscribirse
en una academia de béisbol. “Que de pronto te digan que no, que no eres
dominicano; es muy frustrante”.
El joven nacido en un
“batey”, como se conoce a los pueblos dentro de los cañaverales habitados
principalmente por inmigrantes haitianos y sus descendientes, no habla creole
ni francés y nunca ha viajado Haití.
Como carecía de su documento
de identidad, perdió hace un año su trabajo como técnico de cámaras de
seguridad y está en riesgo de abandonar sus estudios de ingeniería industrial,
ya que el plazo que la otorgó la universidad para presentar sus documentos está
por vencer.
David Abraham, profesor de
derecho en la Universidad de Miami, dijo que la medida era parte de una campaña
mayor para impedir el ingreso de haitianos y alentar la auto deportación de
quienes ya se encuentran en el país.
“El miedo de la República
Dominicana de ser rebajada al nivel económico de Haití y el `ennegrecimiento’
del país obsesionan a los políticos dominicanos desde hace bastante más de un
siglo”, dijo Abraham en alusión a las diferencias raciales y al hecho de que
Haití es uno de los países más pobres del mundo.
La abrumadora mayoría de los
haitianos son negros mientras que los dominicanos son mestizos. La
oficina del primer ministro haitiano Laurent Lamothe se negó a hacer
declaraciones sobre el fallo.
El Tribunal Constitucional
argumentó que no deja sin patria a los miles de afectados, ya que la
constitución haitiana otorga la nacionalidad de ese país a todos los
descendientes de haitianos sin importar el lugar donde nazcan.
Pero para la jueza de ese
tribunal, Katia Miguelina Jiménez, quien votó en contra de la sentencia,
aprobada con el voto de 11 de sus 13 jueces, el fallo deja “desprovista de la
nacionalidad dominicana, deviniendo en apátrida (...) a miles de personas que
nacieron en suelo dominicano”.
“Es un absurdo; ahora
resulta que el gobierno dominicano le quiere dar la nacionalidad de otro país
(Haití) a gente nacida en su territorio”, dijo el activista
Cherubin.
Durante décadas, miles de
inmigrantes del vecino Haití fueron llevados a trabajar a los cañaverales
dominicanos de capital estadounidense, donde permanecieron el resto de sus
vidas y formaron sus familias. Sus descendientes nacidos en República
Dominicana eran reconocidos por las autoridades como dominicanos, con base en
las leyes vigentes en ese momento.
Según una reciente encuesta
del Ministerio de Economía, en República Dominicana viven unos 458.000
inmigrantes haitianos y que la población de origen haitiana es superior a
688.000, es decir, poco menos del 10% de la población del país.
El fallo del tribunal “abre
las puertas para resolver definitivamente un problema que mantiene una herida
abierta en la sociedad dominicana”, dijo el viernes Taveras, el director de
inmigración.
Pero para el activista
Cherubin la decisión del tribunal y de la Junta Central Electoral no es más que
“una persecución” en contra de los descendientes de haitianos.
Martha Cuba Bautista, nacida
en 1979 en República Dominicana de padres haitianos dijo que pese a tener acta
de nacimiento y cédula dominicana no ha podido registrar el nacimiento de su
hija debido a su ascendencia haitiana.
La decisión del tribunal fue
difundida sólo días después de que los representantes de la ONU y ACNUR se
reunieran el pasado 13 de septiembre con el presidente Danilo Medina para
solicitarle su intervención a fin de solucionar la situación de las miles de
personas a quienes la Junta Central Electoral les niega sus documentos.
Medina, quien nunca se ha
referido públicamente al tema, indicó que no podía intervenir porque la
decisión estaba en manos de otro poder del Estado.
“Es un genocidio civil”, de
acuerdo con el abogado Cristóbal Rodríguez, quien encabezó uno de los dos
procesos judiciales de dominicanos de ascendencia haitiana a quien las
autoridades le niegan la nacionalidad que han llegado a Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Recordó que no
se trata de darles el derecho a obtener la nacionalidad, pues “han sido
dominicanos toda su vida”
